Según las proyecciones de las Naciones Unidas, se anticipa un aumento en la esperanza de vida de los mexicanos para el año 2065, de 22 años para las mujeres y 20 años para los hombres. Paralelamente, y aún con las reformas al sistema de pensiones en 2020, según el Banco de México, la tasa de reemplazo (monto de la pensión como porcentaje del salario percibido durante la vida laboral) para el salario promedio se estima apenas en un 62%. Ante el desafío de una vida más prolongada con posibles limitaciones financieras, la pregunta inevitable es: ¿Y si nos sobran años y nos faltan pesos?
El sistema mexicano de pensiones cuenta con cuatro pilares, cada uno diseñado para atender a un segmento específico de la población con características particulares. El pilar cero consiste en la Pensión del Bienestar, dirigida a la población más vulnerable y con un pago bimestral de 6,000 pesos; el reto principal de este pilar radica en su sostenibilidad, ya que actualmente representa un gasto aproximado de 424,176 millones de pesos. El pilar uno, que se conoce coloquialmente como “Ley 73”, se financia mediante las contribuciones de la población económicamente activa y su desafío principal es que el número de personas mayores de 60 años se triplicará para el 2070, según la Conapo. En respuesta a esta problemática, se estableció el pilar dos, o “Ley 97”, representado por las Afores, donde cada trabajador tiene una cuenta individual que se invierte en los mercados de capitales para hacerla crecer. Un último pilar ofrece Planes Personales de Retiro (PPR) para aquellas personas que laboran de manera independiente y que no cotizan en ninguno de los pilares antes mencionados.
A pesar de que la estructura cuenta con pilares dirigidos a distintos segmentos de la población, el panorama actual del Sistema de Pensiones en México está fragmentado, es difícilmente sostenible y poco equitativo. De acuerdo con la CEPAL, dentro del Sistema de Pensiones existen más de 3,000 programas de pensiones que no están conectados entre sí. La falta de conexión entre estos programas crea obstáculos para una planificación efectiva del retiro. En temas de sostenibilidad, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que para el 2024, el pago de las pensiones representará el 6.3% del PIB nacional. Conforme aumente esta cifra, se tendrán que hacer recortes en otros rubros como salud, vivienda, educación y asuntos de seguridad. Finalmente, en temas de equidad y suficiencia, se debe considerar que al primer trimestre del 2023, el Inegi reportó que el 55.1% de la población ocupada se encontraba en la informalidad, es posible que este segmento de la población se incluya en el pilar cero, lo cual aumentará la presión sobre las finanzas públicas a futuro.
Es en este contexto que las propuestas de los candidatos a la presidencia, en materia de pensiones, adquieren una mayor importancia y deben estar sujetas a un escrutinio más severo. Es fundamental que cualquier propuesta contemple, de manera directa, los tres grandes retos a los que se enfrenta nuestro sistema de pensiones: la fragmentación, la sostenibilidad y la equidad y suficiencia.
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