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AMÉRICA LATINA

En medio de la escalada de violencia, Colombia envía tropas

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ONU y UE piden calma en protestas en Colombia

En medio de la escalada de violencia, Colombia envía tropas

Colombia envía tropas: El viernes, la ciudad sureña de Cali presenció nuevas escenas de pánico cuando varias personas vestidas de civil aparecieron para abrir fuego contra los manifestantes, según muestran imágenes de las redes sociales.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, más tarde confirmado que uno de los tiradores era un empleado fuera de servicio de la unidad de investigación de su oficina. Las investigaciones preliminares sugieren que el hombre mató a dos manifestantes antes de que la multitud que lo rodeaba lo linchara, dijo Barbosa.

Desde entonces, las imágenes del hombre golpeado hasta la muerte se han vuelto virales en las redes sociales de Colombia.

En otro episodio, se fotografió a un civil apuntando con su arma hacia los manifestantes mientras estaba de pie junto a policías uniformados que no intervinieron. El hombre, Andrés Escobar, publicó posteriormente un video en las redes sociales diciendo que estaba disparando balas de goma no letales y pidiendo perdón por sus acciones. En una entrevista con la estación de radio local BluRadio, Escobar dijo que se vio impulsado a actuar al ver a «vándalos» corriendo como locos en su vecindario, y que no tenía la intención de matar a nadie.

El director de la policía de Colombia, Jorge Vargas Valencia, ha Anunciado su oficina está investigando el incidente.

Solo en Cali, al menos 13 personas murieron durante el fin de semana, según el Ministerio de Defensa de Colombia. En respuesta a la escalada de violencia en todo el país, el presidente Iván Duque ha desplegado militares en trece ciudades para reforzar la policía local. El ministro de Defensa, Diego Molano, incluso publicó un video de 500 soldados de infantería camino a Cali, con música triunfal.

Duque dijo que fue empujado a enviar al ejército para levantar decenas de barricadas de manifestantes que desde principios de mayo han paralizado al país, pero los críticos y algunos analistas ven el despliegue como una apuesta arriesgada destinada a echar más leña al fuego.

Soldados frente a manifestantes

«Tener más fuerzas de seguridad en las calles no es un paso en la dirección de la paz», dijo Sebastián Lanz de Temblores, una ONG colombiana especializada en documentar la violencia policial. Su organización ha identificado más de 3400 casos de abuso policial al tratar con los manifestantes, dice.

Lanz dice que se debe priorizar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos como un medio para aliviar la situación y respetar el derecho de los civiles a protestar. «Nos preguntamos, ¿este despliegue de soldados realmente tiene la intención de pacificar la ciudad, o es para intimidar y limitar los derechos de los manifestantes?» él dijo.

El gobierno de Colombia cuestiona las cifras de Temblores, pero es difícil negar la mano dura empleada por algunas fuerzas de seguridad colombianas. El lunes, el inspector general de policía Jorge Luis Ramírez dijo que su oficina está investigando 170 casos de abuso a manos de la policía. Once de esos casos están directamente relacionados con el asesinato de manifestantes a manos de policías.

En medio de la escalada de violencia, Colombia envía tropas

En medio de la escalada de violencia, Colombia envía tropas

Agregar soldados activos a la mezcla podría aumentar el riesgo de encuentros letales en protestas que de otro modo serían pacíficas, advierte Juan Carlos Ruiz, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario de Bogotá.

«Tener a los militares a cargo de una manifestación de protesta no es la mejor idea», dijo a CNN. «Incluso la policía antidisturbios, con todos los temas e incidentes que han estado involucrados hasta ahora en la protesta, al menos son un cuerpo de profesionales capacitados y especializados en el trato con los manifestantes. Un soldado no está capacitado en resolución de conflictos: son entrenado para matar «.

Al mismo tiempo, Ruiz dice que la decisión del gobierno de agregar fuerza militar parecía «inevitable», dado el daño que causan los bloqueos a una economía colombiana ya golpeada por la pandemia de Covid-19.

Colombia sufre de problemas crónicos de infraestructura y depende en gran medida del transporte por carretera entre los puertos y las grandes ciudades.

Una de las herramientas más efectivas de los manifestantes el mes pasado ha sido bloquear carreteras clave alrededor de Cali y otras áreas urbanas importantes para presionar al gobierno mediante el congelamiento efectivo del comercio.

Durante el último mes, se han reportado escaseces de combustible y bienes básicos en Cali y la región circundante, y el gobierno dice que hay cortes de ruta. también se interponen en el camino de su campaña de vacunación Covid-19.

Los bloqueos de carreteras son un punto sensible de discusión en las negociaciones en curso entre el gobierno y el Comité Nacional de Huelga de Colombia, una organización de sindicatos de trabajadores y asociaciones cívicas que es estableciendo la agenda de las protestas. Los manifestantes ven el bloqueo de carreteras como una táctica legítima, mientras que el gobierno quiere despejar las calles lo más rápido posible y promete tolerancia cero para los piqueteros en el camino.

Las negociaciones, aún en curso, hasta ahora no han dado resultados concretos y la tensión sigue creciendo.

La vista desde Washington

A lo largo de su historia, el ejército colombiano ha recibido una importante asistencia de Estados Unidos, que ha financiado entrenamiento y equipamiento para empoderar a los soldados colombianos en la lucha contra la guerrilla y las organizaciones narcotraficantes. El año pasado, EE. UU. Asignó $ 267 millones para asistencia de seguridad a Colombia.

Ruiz, el politólogo, le dice a CNN que Duque debe tener cuidado con la forma en que despliega sus tropas ahora.

La imagen de los soldados colombianos involucrados en la represión de los manifestantes podría ser difícil de digerir no solo en Bogotá, sino también en Washington, donde más de 50 legisladores estadounidenses el mes pasado pidió que se detuviera la asistencia a la policía colombiana hasta que se aclaren las denuncias de abuso de derechos humanos.

De acuerdo a Amnistía Internacional, Las armas proporcionadas por Estados Unidos a la policía colombiana ya se han relacionado con violaciones de derechos humanos.

«El secretario (de Estado) Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que padecen los manifestantes colombianos, y debe hacerlo de inmediato», dijo Philippe Nassif, director de promoción de Amnistía Internacional de EE. UU., Al unirse a los llamamientos para la suspensión inmediata de asistencia relacionada con armas a la policía colombiana.

«Condenamos la violencia y el vandalismo relacionados con las protestas y reafirmamos nuestro apoyo al derecho a la protesta pacífica», dijo a CNN un portavoz del Departamento de Estado. Agregaron: «Damos la bienvenida a los anuncios del gobierno colombiano para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía».

Este fin de semana, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, viajó a Washington para reunirse con Blinken. Si bien Blinken afirmó estrechos vínculos entre los dos países, también «reiteró el derecho incuestionable de los ciudadanos a protestar pacíficamente», según una lectura del Departamento de Estado.

Consecuencias duraderas

Al emitir el viernes el decreto que autorizaba la asistencia militar a la policía frente a los manifestantes, Duque destacó que se trataba de una decisión temporal. Los soldados se retirarán tan pronto como la situación vuelva a la calma, dijo.

Pero Lanz, de la ONG Temblores, advierte que las consecuencias de esta decisión podrían durar mucho más. «Lo que estamos viendo aquí es que las fuerzas de seguridad están reclamando el control territorial del espacio público», dijo.

«Debido al Covid-19 y los cierres, perdimos el derecho a un espacio público compartido donde todos pudieran ser libres. Por un lado, hay manifestantes que están reclamando ese espacio para sí mismos, pero por el otro, el gobierno está enviando al Ejército a Luchar por el control. Es una lucha territorial, y no terminará pronto ”, agregó.

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EEUU analizará ayudar a Cuba con mejor Internet pero a la vez agregarle sanciones

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EEUU plantea mejorar internet en Cuba

Estados Unidos analizar aumentar el personal en su embajada de La Habana para garantizar un mejor compromiso con Cuba, tornar más accesible Internet para su población, pero al mismo tiempo agregarle sanciones por las recientes e inesperadas protestas antigubernamentales que, la su juicio, derivaron en represión y violaciones a los derechos humanos, revelan este martes el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price.

«Estamos revisando nuestros planes para aumentar la dotación de personal en nuestra embajada en La Habana para facilitar las actividades consulares, el compromiso con la sociedad civil y para asegurarnos de que también tengamos una postura de seguridad adecuada», expresó el secretario de prensa del Departamento de Estado, Precio de Ned en una conferencia de prensa.

Agregó que Estados Unidos trabaja además con el sector privado y el Congreso para determinar maneras de hacer que Internet sea más accesible para el pueblo cubano.

Al respecto, precisó que el Ejecutivo está «trabajando con el sector privado y con el Congreso, que, por supuesto, tiene un gran interés en todo esto para identificar opciones viables».

El Departamento de Estado quiere implementar más sanciones por la represión de las protestas cubanas

 

No obstante ello, poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a periodistas que el Gobierno analiza aplicar sanciones contra funcionarios de la isla y busca que se sumen actores internacionales, consignó la agencia de noticias Sputnik.

«El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, continuará explorando (la posibilidad) de designar (como pasibles de sanciones) a funcionarios cubanos responsables de violencia, represión y violas a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos», expresó.

Cuba, que desde 1961 sufre un bloqueo económico y comercial de Estados Unidos, agravado durante la reciente gestión de Donald Trump, fue escenario de inusuales protestas antigubernamentales por la situación económica y el impacto del coronavirus.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó días atrás en un enérgico discurso que si en Estados Unidos le preocupan los cubanos debería terminar con el bloqueo.

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La protesta se hizo sentir en todo Colombia y Duque reiteró su discurso contra "el caos"

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Las protestas se hicieron sentir en Bogotá, Cúcuta, Popayán, Montería, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Medellín, Cali y Pereira.

Con Bogotá como plaza principal de las movilizaciones y el Congreso en centro de la escena, los colombianos llamados por el CNP desafiaron al Ejecutivo en dos planos, porque desoyeron las advertencias sobre los riesgos de vandalismo y acciones violentas de parte de grupos criminales, por un lado, y el llamado a no salir para no subir las cifras de contagios de Covid-19, por el otro.

Las organizaciones agrupadas en el Comité, que cumplieron un paro contundente del 28 de abril al 15 de junio, volvieron a las calles a medir cuánto quedaba de aquel impactante movimiento, ahora con la excusa de presentar ante el Congreso 10 proyectos de ley que recogen buena parte del pliego de demandas del sector.

Bogotá vio una multitud que se reunió después de concentrarse en unos 25 puntos –según estimó la alcaldía-, pero fueron notorias las protestas en Cúcuta, Popayán, Montería, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Medellín, Cali y Pereira.

En general, las movilizaciones se desarrollaban sin incidentes hasta la entrada la tarde, excepto en Medellín, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimió a un grupo de manifestantes.

En algunas ciudades, las protestas tenían formato de olas populares, recitales, encuentros culturales o breves cortes de calles.

Mientras tanto, el Gobierno desplegó en las calles 6000 policías y 2700 miembros del Ejército, pero también hubo 440 gestores de convivencia y representantes de organizaciones de derechos humanos –entre ellos ONU Colombia- y las propias alcaldías fueron relatando por la red Twitter el devenir de la protesta.

La Procuraduría General de la Nación, además, hizo muy temprano un llamado a alcaldes y gobernadores de los departamentos (provincias) para que se respeten los derechos ciudadanos durante las movilizaciones.

Las iniciativas presentadas ante el legislativo por el CNP fueron fruto de un trabajo de unos 40 días con representantes y senadores, académicos de unas 15 universidades y dirigentes sociales, sindicales y políticos.

El Comité presentó los proyectos como «un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiar a partir de un acuerdo».

Reclama para eso «una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria de 2019, la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público «.

El presidente Duque abrió este martes las sesiones del Congreso

El presidente Duque abrió este martes las sesiones del Congreso


Las iniciativas buscan una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; gratuidad universal para estudiantes en la educación superior pública; el fortalecimiento de la red pública de salud; apoyos para la reactivación económica de las pymes y la generación de empleo; mejoras para el sector agropecuario; prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio de la protesta pacífica; y reforma al Estatuto de Juventud.

El CNP expresó su esperanza de que «los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permiten un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios «.

Desde adentro del Congreso, en el discurso con el que abrió el periodo de sesiones ordinarias, Duque pareció lanzar varios mensajes hacia el Comité y los movilizados: «Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida. No valer ningún derecho; solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiarios del caos», aseveró.

Duque reiteró una línea discursiva ya habitual de su administración, al asegurar que dio «claras instrucciones para que la Fuerza Pública se comprometa con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica», pero también subrayó que los agentes deben «actuar con contundencia, utilizando las herramientas de la Constitución, para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas «.-

Duque defendió además dos iniciativas que el Gobierno se anunciaron semanas atrás y que también ingresaron ahora, con el nuevo período de sesiones: la reforma tributaria, que el Ejecutivo denominación Ley de Inversión Social, basada en la baja del gasto público; y el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional.

«Esta ley de inversión social es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas. Sienta las bases para que, sin importar qué tan distante parezca nuestro destino, todos los colombianos tengamos la oportunidad de llegar a buen puerto«, destacó el mandatario.

Sobre la otra iniciativa, puso de relieve que se busca «una nueva» identidad de la Policía «para mejorar su proximidad con los ciudadanos», y que con esa misma meta se creará la Dirección de Derechos Humanos de la fuerza y ​​se modificará Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional.

El rol de la Policía durante las protestas de mayo y junio, y muy especialmente el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue duramente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía y HRW, la Unión Europea, la OEA y la ONU .

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Juró el nuevo primer ministro haitiano con la meta de llamar a elecciones

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Claude Joseph le entregó el cargo al neurocirujano Ariel Henry

El dos veces ministro de Haití Ariel Henry juró este martes como nuevo primer ministro del país, con un llamado a la unidad, para la que prometió un diálogo «con todos los sectores» y el mandato urgente de encaminar un proceso electoral que termine con la designación de un nuevo presidente, que suceda al asesinado Jovenel Moise.

«Creo que nuestro presidente (Moise) no me escogió como una persona que puede hacer milagros; yo pienso que vio en mí un demócrata, una persona que puede hablar con todos los sectores de la vida nacional. Por eso, muy humildemente y con mucha determinación, acepto esta misión «, afirmó Henry. en el acto en el que formalizó su asunción.

Neurocirujano, de 71 años, Henry había sido elegido por Moise para el cargo dos días antes de su muerte, pero no llegó a asumir, un paso que sí dio este martes, y que implicó que el hasta entonces dueño de ese cargo, Claude Joseph , pasara a la Cancillería.

«Yo voy a entregar la llave y la oficina del Gobierno. Estoy con ustedes para contribuir en lo que pueda», dijo Joseph en su discurso, con lo que parecía querer alejar las versiones de una lucha por el poder.

El nuevo primer ministro -el séptimo desde marzo de 2017- prometió para los próximos días «seguir un diálogo con todas las organizaciones en el país» y le pidió al pueblo haitiano que «siga mostrando su madurez política».

«Queremos crear un ambiente seguro, estable, que permita elecciones con una participación lo más masiva posible», y en ese proceso lo más importante es organizar sufragios «creíbles, justos y transparentes», subrayó, según se vio en la transmisión del canal ruso RT en español.

Henry tiene, más allá de la rareza que supone gobernar sin presidente, algunos retos claves: además de encarrilar la institucionalidad con elecciones de mandatario -a las que calificó de «innegociables» -, deberá administrar una situación de pobreza extrema y escasez de recursos y , también, seguir con atención la marcha de la investigación por el crimen de Moise.

«Todos los sospechosos de ser autores materiales o intelectuales deben ser identificados y llevados ante la Justicia. Nunca más tendremos que experimentar una tragedia así. Debe haber un castigo ejemplar» para los responsables, afirmó en el acto.

Henry aceptó que su administración debe «restaurar la confianza, restaurar la autoridad del Estado en los cuatro rincones del país» y por eso garantizó un diálogo «sincero» con la oposición, en busca de un «acuerdo inclusivo».

«El país atraviesa una situación crítica. En esta situación, hay una cosa que todo el mundo está de acuerdo: la solución de la crisis debe ser encontrada por los haitianos», manifestó.

El funcionario se mostró conocedor de la violencia e inseguridad que gobierna las calles del país y por eso evaluó que una de sus «tareas principales» debe pasar por el «restablecimiento del orden y la seguridad», como «paso obligado para la organización de las elecciones «.

Ya el lunes por la noche se oficializó en el Boletín Oficial haitiano, Le Moniteur, el gabinete que escoltará al nuevo primer ministro: el mismo Henry retendrá la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo; Joseph será el canciller; y Patrick Michel Boisvert estará en Economía y Finanzas; Rockfeller Vincent en Justicia y Seguridad Pública; y Enold Joseph en Defensa, según reprodujo la agencia Sputnik.

Henry dijo también que tenía respaldo internacional para su gestión, un punto que se hizo visible en la noche del sábado, cuando el llamado Core Group, que integran varias potencias, la ONU y la OEA, se pronunció por su asunción en el lugar de Joseph , para un gobierno «consensuado e inclusivo».

Moise gobernaba Haití, el país más pobre de América, por decreto después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país no tiene un Congreso en funcionamiento.

Además de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales, Haití tenía previsto para septiembre un referendo constitucional dos veces postergado y ahora en dudas.

La jura de Henry coincidió con el inicio de los homenajes previos a los funerales nacionales de Moise, que en su primera jornada no contaron con la asistencia de la ahora ex primera dama Martine Ethienne.

«Estamos aquí reunidos para rendir tributo al presidente Moise asesinado durante la noche del 6 al 7 de julio, con todos aquellos que han decidido decir unas palabras en este momento tan doloroso», expresó el vocero del Gobierno, Frantz Exantus, en el Museo Nacional de Panteón Haitiano.

Varios ministros alabaron la gestión de Moise, un presidente que enfrentó masivas protestas antigubernamentales desde mediados de 2018.

Joseph aseguró que el mandatario tenía la convicción política y social de luchar contra las oligarquías del país, y consideró que su pelea «contra las desigualdades sociales en el país debe continuar».

Los actos continuarán mañana y el viernes, feriados en el país, en Cabo Haitiano, al norte del territorio.

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