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AMÉRICA LATINA

El problema migratorio de Centroamérica no va a desaparecer pronto

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El problema migratorio de Centroamérica

El problema migratorio de Centroamérica no va a desaparecer pronto

Pero en estos días, el acceso es un poco más fácil de conseguir, especialmente si eres un medio de comunicación que quiere hablar sobre la increíble destrucción que todavía asola este vecindario.

El problema migratorio de Centroamérica: En La Playita, o Little Beach, llamada así porque la comunidad se encuentra a orillas del río Chamelecón, la lluvia huracanada hizo que el río creciera más de 20 pies, empujando torrentes de agua hacia arriba y por encima de los lechos de tierra. Cientos de residentes se apresuraron a ponerse a salvo sin nada más que la ropa que llevaban puesta, y muchos buscaron refugio debajo de los puentes cercanos.

Cuando las aguas retrocedieron, quedaron cantidades colosales de lodo pesado, sumergiendo estructuras enteras en el cieno. No había hogares a los que regresar.

«La verdad es que mucha gente se vio obligada a huir de aquí», dijo el padre Saul Arrieta, un conocido sacerdote local del barrio. «Muchos se fueron al norte, muchos jóvenes se fueron a Estados Unidos. Me duele el corazón ver todo esto».

Los centroamericanos que migran al norte, incluso en grandes cantidades, no es un fenómeno nuevo. Pero los huracanes, junto con una pandemia mortal, se combinaron para crear una situación sin precedentes en la que, para muchos, la migración no se trata solo de buscar una vida mejor, es una cuestión de supervivencia.

También ha creado desafíos únicos para la administración de Biden y su persona de contacto de inmigración, la vicepresidenta Kamala Harris. Harris estuvo en Centroamérica esta semana, con la tarea de ayudar a Estados Unidos a descubrir cómo reducir el número récord d migrantes que llegan a la frontera sur.

Las tormentas

Visitar a la familia Arias Sánchez es más difícil de lo que solía ser, considerando que ahora viven sobre una pila de barro seco de 10 pies de altura. Indican a los invitados que usen la media docena de escalones que excavaron en el barro para hacerlo más fácil.

Cuando el agua se precipitó en noviembre pasado, la familia de nueve, dos abuelas, hijos, hijas, bebés, tuvo que huir a un refugio local. Cuando regresaron, encontraron que la casa de su familia había sido completamente sumergida en el barro.

Sin ningún otro lugar a donde ir, reunieron todos los materiales al azar que pudieron (algunas lonas, puertas viejas, secciones de metal corrugado de techos caídos) treparon sobre el lodo endurecido y construyeron la estructura improvisada de una habitación que los nueve ahora Cuota.

«Todos duermen juntos en el piso de tierra aquí por la noche», dijo Juana Fransisca Sánchez, la matriarca de la familia. «Hemos perdido absolutamente todo».

La familia dice que han durado aquí todo el tiempo que pueden, pero sin el apoyo del gobierno pronto, solo habrá una opción.

«Nos iríamos», dijo su hijo Joel Raúl Arias Sánchez, de 26 años, con una hija de un año. «No hay trabajos, no hay nada aquí. No hay futuro. Muchos vecinos ya están en Estados Unidos y muchos planean irse pronto».

En una entrevista con CNN, un alto funcionario del gobierno reconoció que muchas partes del país aún no han recibido el nivel de asistencia necesario.

«No es posible que todo sea instantáneo», dijo Héctor Leonel Ayala, ministro de Gobierno de Honduras. «No somos una potencia. Somos un país en desarrollo con desafíos».

Sin embargo, enfatizó que el gobierno ya ha trabajado mucho, incluida la limpieza de al menos un millón de metros cúbicos de lodo, la construcción de nuevas viviendas y gravámenes y la concesión de préstamos a determinadas industrias afectadas.

Los críticos, incluidos los ciudadanos comunes que hablaron con CNN y organizaciones no gubernamentales, han argumentado que el gobierno no ha hecho lo suficiente para ayudar a su población a reconstruirse y dicen que la prueba está en cuántas personas se han ido.

Secciones enteras del barrio donde vive Arias Sánchez están vacías. Algunas casas todavía están llenas de barro de arriba a abajo, y las malas hierbas crecen hacia el cielo donde solían estar los techos.

«Mucha gente no ha regresado desde las tormentas», dijo Arias Sánchez, y agregó que la mayoría fue a Estados Unidos.

A poca distancia en auto, un colchón medio enterrado en el barro actúa como una especie de felpudo para el pequeño lote que Osban Obdulio Cruz Henrique comparte con su familia de media docena de personas. Su «casa» está en peor estado que la de Arias Sánchez. Dos paredes están hechas de lonas y sábanas, las otras dos son un mosaico de puertas viejas y madera contrachapada delgada.

«Cada vez que llueve, el agua se filtra a través de la lona de arriba y corre por debajo de nuestros pies», dijo Cruz Henrique, mostrando el espacio entre las paredes y el suelo. Tres colchones yacen directamente sobre un piso de barro, permanentemente medio empapados con agua de lluvia que no se seca.

«Estamos desesperados», le dijo a CNN. «No sabemos cómo empezar de cero si no tenemos la oportunidad de generar ingresos. No hay otra opción que irnos».

El número total de personas desplazadas por la tormenta es difícil de evaluar, y el gobierno le dijo a CNN que no tiene esas cifras. Pero varios think tanks y la Agencia de la ONU para los Refugiados han calculado la cifra en cientos de miles, si no millones. Es un porcentaje asombroso dado que la población total del país es menos de 10 millones de personas.

En dos docenas de entrevistas, CNN escuchó una historia tras otra que se reflejaban entre sí. Antes de los huracanes, muchos apenas aguantaban. Después de los huracanes, no les quedó nada.

La pandemia

Siete meses antes de que llegaran los huracanes, llegó otra tormenta a Centroamérica. Si bien la pandemia de Covid-19 no libró a ningún país de su ira biológica, tal vez ninguna región se haya visto más afectada económicamente que América Latina.

Nación tras nación se agachó, cerró fronteras y cerró negocios. A las economías de la región en general no les estaba yendo bien antes de la pandemia; una vez que estallaba, muchas simplemente se hundían.

Honduras no fue diferente. En 2019, casi el 15 por ciento de la población vivía con menos de $ 1,90 por día, una cifra que probablemente ha aumentado los datos del Banco Mundial.

Cuando llegó el coronavirus, los bloqueos impuestos por el gobierno y las restricciones estrictas combinadas con los flujos migratorios y las devastadoras tormentas contribuyeron a una caída del 9 por ciento en el PIB del país en 2020, según el Banco Mundial. Más del 50 por ciento de la población vive ahora por debajo del umbral de pobreza.

El grupo de expertos hondureño FOSDEH, abreviatura de Foro Social sobre la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras, dice que más de medio millón de personas perdieron sus empleos en 2020. Dada la naturaleza informal de tantos empleos en la economía aquí, una cifra real es imposible pasar por. Aún así, ese nivel de pérdida de empleo representaría más del 12 por ciento de la fuerza laboral, según las estadísticas del Banco Mundial.

Más de 15 meses después de que comenzara la pandemia, los trabajos perdidos no se están materializando en serio en Honduras, un factor enorme en la decisión que algunos están tomando de irse. «Se siente terrible porque vamos a dejar a mi madre, pero no tenemos futuro aquí», dijo Gerardo Alexis Pérez Argueta, de 17 años.

Él y su hermano gemelo Celin Adolfo dijeron que planean irse y dirigirse al norte de Estados Unidos en aproximadamente dos semanas. Mostraron las nuevas zapatillas que planean usar mientras hacen la caminata de casi 1.500 millas a pie. Cada par cuesta $ 35, una enorme suma de dinero para una familia que sobrevive con solo unos pocos dólares al día.

«¿Qué puedes hacer?», Pregunta entre lágrimas su madre Griselda Argueta Argueta. «Duele que tus hijos se vayan. No sabes si regresarán o no, pero aquí no hay otra opción para ellos».

Los hermanos no quieren irse de Honduras, pero con nada más que una educación de sexto grado y una economía hecha jirones, la decisión, argumentan, fue esencialmente tomada por ellos.

«Si tuvieran más oportunidades, la gente no tendría que salir de este país», dijo Arrietta, el sacerdote local.

Abordar las causas fundamentales

Las tormentas y la pandemia se combinaron para exacerbar las tendencias a largo plazo en la región que obligan a las personas a migrar: corrupción, inseguridad alimentaria y falta de oportunidades económicas. Aunque las tasas de homicidio en América Central en general disminuyeron en 2020, sigue siendo una de las regiones más mortíferas del mundo y la violencia sigue siendo un motor de la migración, según Human Rights Watch.

Ninguno de estos problemas es nuevo, pero pueden empeorar sin un cambio significativo. Y ahí es donde la administración Biden quiere dejar su huella.

La vicepresidenta Kamala Harris ha tomado la iniciativa de encabezar el impulso de Estados Unidos para ayudar fundamentalmente a abordar algunas de esas preocupaciones. La administración Biden ha destinado unos 310 millones de dólares en ayuda humanitaria a corto plazo como parte de un plan a más largo plazo para invertir unos 4.000 millones de dólares en la región.

Pero esta no es la primera administración estadounidense que intenta frenar la migración arrojando dinero al problema, a menudo canalizando los fondos a través de agencias como USAID. La solución de los problemas sistémicos que llevan a la gente a huir no se puede resolver simplemente con asignaciones presupuestarias.

«[Harris] tiene un trabajo muy, muy duro por delante «, dijo Cynthia Arnson, Directora del Programa para América Latina del Wilson Center.» No es imposible, hay mucho que se puede hacer, pero lograr el cambio generacional que la administración espera producir será extraordinariamente difícil de lograr «.

Comience con el hecho de que los gobiernos centroamericanos son muy corruptos. Transparencia Internacional clasifica los niveles de corrupción de los países en una escala de 0 a 100. El Salvador fue el más exitoso del grupo con una puntuación de 36, lo suficientemente bueno como para ocupar el puesto 104 en todo el mundo. Al resto le fue peor.

Dicho de otra manera, Estados Unidos no puede depender de buenos socios gubernamentales en la región para asegurarse de que el dinero de la ayuda haga lo que se supone que debe hacer. El riesgo de que los funcionarios del gobierno simplemente se llenen los bolsillos es alto.

La administración de Biden lo sabe y ha señalado que quiere trabajar con el sector privado y los grupos no gubernamentales sobre el terreno para garantizar que la ayuda llegue donde la necesita y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos comunes en toda la región.

Incluso si eso funciona, tomará tiempo. Mientras tanto, el aumento en el número de migrantes en la frontera de Estados Unidos es ahora un problema político para la Casa Blanca.

«El tipo de cambios estructurales más profundos que crearán oportunidades y reducirán la violencia son realmente a largo plazo», dijo Arnson. «Así que la pregunta es si [the administration] puede moverse lo suficientemente rápido como para dar a la gente la esperanza de cuál será su destino en la vida si se quedan».

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EEUU analizará ayudar a Cuba con mejor Internet pero a la vez agregarle sanciones

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EEUU plantea mejorar internet en Cuba

Estados Unidos analizar aumentar el personal en su embajada de La Habana para garantizar un mejor compromiso con Cuba, tornar más accesible Internet para su población, pero al mismo tiempo agregarle sanciones por las recientes e inesperadas protestas antigubernamentales que, la su juicio, derivaron en represión y violaciones a los derechos humanos, revelan este martes el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price.

«Estamos revisando nuestros planes para aumentar la dotación de personal en nuestra embajada en La Habana para facilitar las actividades consulares, el compromiso con la sociedad civil y para asegurarnos de que también tengamos una postura de seguridad adecuada», expresó el secretario de prensa del Departamento de Estado, Precio de Ned en una conferencia de prensa.

Agregó que Estados Unidos trabaja además con el sector privado y el Congreso para determinar maneras de hacer que Internet sea más accesible para el pueblo cubano.

Al respecto, precisó que el Ejecutivo está «trabajando con el sector privado y con el Congreso, que, por supuesto, tiene un gran interés en todo esto para identificar opciones viables».

El Departamento de Estado quiere implementar más sanciones por la represión de las protestas cubanas

 

No obstante ello, poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a periodistas que el Gobierno analiza aplicar sanciones contra funcionarios de la isla y busca que se sumen actores internacionales, consignó la agencia de noticias Sputnik.

«El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, continuará explorando (la posibilidad) de designar (como pasibles de sanciones) a funcionarios cubanos responsables de violencia, represión y violas a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos», expresó.

Cuba, que desde 1961 sufre un bloqueo económico y comercial de Estados Unidos, agravado durante la reciente gestión de Donald Trump, fue escenario de inusuales protestas antigubernamentales por la situación económica y el impacto del coronavirus.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó días atrás en un enérgico discurso que si en Estados Unidos le preocupan los cubanos debería terminar con el bloqueo.

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La protesta se hizo sentir en todo Colombia y Duque reiteró su discurso contra "el caos"

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Las protestas se hicieron sentir en Bogotá, Cúcuta, Popayán, Montería, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Medellín, Cali y Pereira.

Con Bogotá como plaza principal de las movilizaciones y el Congreso en centro de la escena, los colombianos llamados por el CNP desafiaron al Ejecutivo en dos planos, porque desoyeron las advertencias sobre los riesgos de vandalismo y acciones violentas de parte de grupos criminales, por un lado, y el llamado a no salir para no subir las cifras de contagios de Covid-19, por el otro.

Las organizaciones agrupadas en el Comité, que cumplieron un paro contundente del 28 de abril al 15 de junio, volvieron a las calles a medir cuánto quedaba de aquel impactante movimiento, ahora con la excusa de presentar ante el Congreso 10 proyectos de ley que recogen buena parte del pliego de demandas del sector.

Bogotá vio una multitud que se reunió después de concentrarse en unos 25 puntos –según estimó la alcaldía-, pero fueron notorias las protestas en Cúcuta, Popayán, Montería, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Medellín, Cali y Pereira.

En general, las movilizaciones se desarrollaban sin incidentes hasta la entrada la tarde, excepto en Medellín, donde el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) reprimió a un grupo de manifestantes.

En algunas ciudades, las protestas tenían formato de olas populares, recitales, encuentros culturales o breves cortes de calles.

Mientras tanto, el Gobierno desplegó en las calles 6000 policías y 2700 miembros del Ejército, pero también hubo 440 gestores de convivencia y representantes de organizaciones de derechos humanos –entre ellos ONU Colombia- y las propias alcaldías fueron relatando por la red Twitter el devenir de la protesta.

La Procuraduría General de la Nación, además, hizo muy temprano un llamado a alcaldes y gobernadores de los departamentos (provincias) para que se respeten los derechos ciudadanos durante las movilizaciones.

Las iniciativas presentadas ante el legislativo por el CNP fueron fruto de un trabajo de unos 40 días con representantes y senadores, académicos de unas 15 universidades y dirigentes sociales, sindicales y políticos.

El Comité presentó los proyectos como «un ambicioso programa social de emergencia, que deberá financiar a partir de un acuerdo».

Reclama para eso «una reforma tributaria progresiva que implique por lo menos derogatoria de las exenciones establecidas en la reforma tributaria de 2019, la eliminación de la evasión y la corrupción, el uso de reservas internacionales, préstamos del Banco de la República, eliminación de las exenciones del sector extractivo y financiero, ampliación del impuesto al patrimonio y renta a grandes fortunas y la no venta del patrimonio público «.

El presidente Duque abrió este martes las sesiones del Congreso

El presidente Duque abrió este martes las sesiones del Congreso


Las iniciativas buscan una renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares; gratuidad universal para estudiantes en la educación superior pública; el fortalecimiento de la red pública de salud; apoyos para la reactivación económica de las pymes y la generación de empleo; mejoras para el sector agropecuario; prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género; garantías para el ejercicio de la protesta pacífica; y reforma al Estatuto de Juventud.

El CNP expresó su esperanza de que «los congresistas de todos los partidos políticos se dispongan a darle prioridad a estos temas, que permiten un amplio e incluyente debate, que no le hagan trampa al trámite y sobre todo que escuchen, que vean y se conecten con un país que reclama cambios «.

Desde adentro del Congreso, en el discurso con el que abrió el periodo de sesiones ordinarias, Duque pareció lanzar varios mensajes hacia el Comité y los movilizados: «Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida. No valer ningún derecho; solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiarios del caos», aseveró.

Duque reiteró una línea discursiva ya habitual de su administración, al asegurar que dio «claras instrucciones para que la Fuerza Pública se comprometa con el respeto, las garantías y la protección de la protesta pacífica», pero también subrayó que los agentes deben «actuar con contundencia, utilizando las herramientas de la Constitución, para defender a la ciudadanía de los vándalos y terroristas «.-

Duque defendió además dos iniciativas que el Gobierno se anunciaron semanas atrás y que también ingresaron ahora, con el nuevo período de sesiones: la reforma tributaria, que el Ejecutivo denominación Ley de Inversión Social, basada en la baja del gasto público; y el Proyecto de Transformación Integral de la Policía Nacional.

«Esta ley de inversión social es el salto de desarrollo humano más grande de las últimas décadas. Sienta las bases para que, sin importar qué tan distante parezca nuestro destino, todos los colombianos tengamos la oportunidad de llegar a buen puerto«, destacó el mandatario.

Sobre la otra iniciativa, puso de relieve que se busca «una nueva» identidad de la Policía «para mejorar su proximidad con los ciudadanos», y que con esa misma meta se creará la Dirección de Derechos Humanos de la fuerza y ​​se modificará Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional.

El rol de la Policía durante las protestas de mayo y junio, y muy especialmente el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue duramente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía y HRW, la Unión Europea, la OEA y la ONU .

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AMÉRICA LATINA

Juró el nuevo primer ministro haitiano con la meta de llamar a elecciones

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Claude Joseph le entregó el cargo al neurocirujano Ariel Henry

El dos veces ministro de Haití Ariel Henry juró este martes como nuevo primer ministro del país, con un llamado a la unidad, para la que prometió un diálogo «con todos los sectores» y el mandato urgente de encaminar un proceso electoral que termine con la designación de un nuevo presidente, que suceda al asesinado Jovenel Moise.

«Creo que nuestro presidente (Moise) no me escogió como una persona que puede hacer milagros; yo pienso que vio en mí un demócrata, una persona que puede hablar con todos los sectores de la vida nacional. Por eso, muy humildemente y con mucha determinación, acepto esta misión «, afirmó Henry. en el acto en el que formalizó su asunción.

Neurocirujano, de 71 años, Henry había sido elegido por Moise para el cargo dos días antes de su muerte, pero no llegó a asumir, un paso que sí dio este martes, y que implicó que el hasta entonces dueño de ese cargo, Claude Joseph , pasara a la Cancillería.

«Yo voy a entregar la llave y la oficina del Gobierno. Estoy con ustedes para contribuir en lo que pueda», dijo Joseph en su discurso, con lo que parecía querer alejar las versiones de una lucha por el poder.

El nuevo primer ministro -el séptimo desde marzo de 2017- prometió para los próximos días «seguir un diálogo con todas las organizaciones en el país» y le pidió al pueblo haitiano que «siga mostrando su madurez política».

«Queremos crear un ambiente seguro, estable, que permita elecciones con una participación lo más masiva posible», y en ese proceso lo más importante es organizar sufragios «creíbles, justos y transparentes», subrayó, según se vio en la transmisión del canal ruso RT en español.

Henry tiene, más allá de la rareza que supone gobernar sin presidente, algunos retos claves: además de encarrilar la institucionalidad con elecciones de mandatario -a las que calificó de «innegociables» -, deberá administrar una situación de pobreza extrema y escasez de recursos y , también, seguir con atención la marcha de la investigación por el crimen de Moise.

«Todos los sospechosos de ser autores materiales o intelectuales deben ser identificados y llevados ante la Justicia. Nunca más tendremos que experimentar una tragedia así. Debe haber un castigo ejemplar» para los responsables, afirmó en el acto.

Henry aceptó que su administración debe «restaurar la confianza, restaurar la autoridad del Estado en los cuatro rincones del país» y por eso garantizó un diálogo «sincero» con la oposición, en busca de un «acuerdo inclusivo».

«El país atraviesa una situación crítica. En esta situación, hay una cosa que todo el mundo está de acuerdo: la solución de la crisis debe ser encontrada por los haitianos», manifestó.

El funcionario se mostró conocedor de la violencia e inseguridad que gobierna las calles del país y por eso evaluó que una de sus «tareas principales» debe pasar por el «restablecimiento del orden y la seguridad», como «paso obligado para la organización de las elecciones «.

Ya el lunes por la noche se oficializó en el Boletín Oficial haitiano, Le Moniteur, el gabinete que escoltará al nuevo primer ministro: el mismo Henry retendrá la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo; Joseph será el canciller; y Patrick Michel Boisvert estará en Economía y Finanzas; Rockfeller Vincent en Justicia y Seguridad Pública; y Enold Joseph en Defensa, según reprodujo la agencia Sputnik.

Henry dijo también que tenía respaldo internacional para su gestión, un punto que se hizo visible en la noche del sábado, cuando el llamado Core Group, que integran varias potencias, la ONU y la OEA, se pronunció por su asunción en el lugar de Joseph , para un gobierno «consensuado e inclusivo».

Moise gobernaba Haití, el país más pobre de América, por decreto después de que las elecciones legislativas de 2018 se postergaran por disputas, por lo que el país no tiene un Congreso en funcionamiento.

Además de las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales, Haití tenía previsto para septiembre un referendo constitucional dos veces postergado y ahora en dudas.

La jura de Henry coincidió con el inicio de los homenajes previos a los funerales nacionales de Moise, que en su primera jornada no contaron con la asistencia de la ahora ex primera dama Martine Ethienne.

«Estamos aquí reunidos para rendir tributo al presidente Moise asesinado durante la noche del 6 al 7 de julio, con todos aquellos que han decidido decir unas palabras en este momento tan doloroso», expresó el vocero del Gobierno, Frantz Exantus, en el Museo Nacional de Panteón Haitiano.

Varios ministros alabaron la gestión de Moise, un presidente que enfrentó masivas protestas antigubernamentales desde mediados de 2018.

Joseph aseguró que el mandatario tenía la convicción política y social de luchar contra las oligarquías del país, y consideró que su pelea «contra las desigualdades sociales en el país debe continuar».

Los actos continuarán mañana y el viernes, feriados en el país, en Cabo Haitiano, al norte del territorio.

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