Consumo advierte a 13 fondos e inmobiliarias de que deben aceptar la prórroga de 100.000 alquileres
A pesar de la indignación del sector inmobiliario, de propietarios y de expertos ante lo que a todas luces es una interpretación forzosa de los reales decretos, el Gobierno sigue empeñado en su voluntad de hacer efectiva la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler … hasta que decaiga en el Congreso en apenas unos días. Después de que el pasado lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara que iba a apurar al máximo los treinta días de plazo legal permitidos antes de llevar una norma aprobada en Consejo de Ministros al Congreso, hoy el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 -también de Sumar- ha añadido leña al fuego con la remisión de una carta a 13 fondos de inverisión y empresas inmobiliarias en la que les recuerda su «obligación» de cumplir con la norma.
Todo empezó el pasado 20 de marzo, cuando el Consejo de Ministros incluyó entre las medidas aprobadas para dar respuesta a la guerra de Irán el Real Decreto-ley 8/2026, una medida puramente política ya que el rechazo de los nacionalistas de Junts asegura su fracaso en la Cámara Baja. Concretamente, la norma impone a los propietarios la obligación de renovar de forma extraordinaria los contratos de alquiler anuales hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese en vigor antes de diciembre de 2027.
El caso es que, tres días después de aquel accidentado Consejo de Ministros, que incluyó un plantón de los de Yolanda Díaz a sus socios socialistas, la líder de la formación aseguró que el real decreto no iba a ir al Congreso hasta que fuera legalmente obligatorio -30 días- y animó a los inquilinos a aprovechar la ventana temporal para pedir la prórroga.
