El Parlamento Europeo aprueba crear centros de deportación de inmigrantes fuera de la UE

El Parlamento Europeo aprueba crear centros de deportación de inmigrantes fuera de la UE

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves el nuevo Reglamento de Retornos de la Unión Europea que buscará endurecer la expulsión de inmigrantes irregulares en los Estados miembros. La propuesta, que ha sido aprobada por la 'mayoría venezolana', el Partido Popular Europeo (PPE), Patriotas – … grupo al que pertenece Vox–, ECR y ESN, impulsará medidas como concebir la estancia ilegal como delito (algo que no preveía el texto inicial de la Comisión), amplificar las órdenes de retorno a todos los Estados miembros, la prohibición de entrada indefinida y permanente en riesgos de seguridad o la creación de centros de retornos en terceros países y la eliminación de prohibición de deportar a familias en estos. La propuesta ha sido aprobada por 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones. El grupo socialista, verde y de izquierda radical han votado en contra.

Esta última medida es una de las propuestas estrella –y más polémica– que llevó a cabo Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Estos centros, ubicados en Albania y gestionados por Roma, acogen a los inmigrantes irregulares recogidos en el Mediterráneo, se registran, se estudian las solicitudes de protección y se mantiene a quienes ya tienen una orden de expulsión. Pero la Justicia italiana paralizó el envío de inmigrantes a estos centros. El nuevo reglamento busca que los Estados miembros puedan replicar esta propuesta.

Esta nueva propuesta nace de la falta de eficacia y armonización que trajo la Directiva de Retorno de 2008. Esta era mucho más laxa e invitaba a los veintisiete Estados miembros a llevar a cabo su interpretación de la norma gracias a objetivos fijos obligatorios. El reglamento, por el contrario, es de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los países de la UE.

En diciembre de 2025, los Gobiernos de la UE ya adoptaron sus posiciones en esta cuestión. En el caso de España, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez fue el único que votó en contra de la norma. La norma marca distancias con Sánchez y la regularización masiva de inmigrantes que anunció en febrero.

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